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SNA pide flexibilizar el límite de trabajadores extranjeros y propone visas temporales para el agrodomingo, 13 de septiembre 2026
SNA pide flexibilizar el límite de trabajadores extranjeros y propone visas temporales para el agro
El gremio advierte escasez estructural en el agro y propone visas temporales ante regla 85% chileno y debate regional en Congreso.
Nacional
Por: Yexika Montilla | 16 de febrero 2026 | 22:23
Pie de foto: “Hay que dejar el populismo de lado”, dijo Antonio Walker (SNA) al cuestionar el proyecto que endurece la contratación de extranjeros y plantear visas de trabajo para regularizar mano de obra en el agro.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, rechazó endurecer las restricciones a la contratación de trabajadores extranjeros y llamó a “abordar esto de forma objetiva y técnica”. Su intervención ocurre en medio de un proyecto de ley que busca cambiar el cómputo de la cuota de nacionalidad en las empresas —hoy regulada por el Código del Trabajo— y aplicar exigencias por región. Walker planteó que el foco debiera estar en regularizar la contratación mediante visas de trabajo por temporada, ante una escasez estructural de mano de obra en el campo.
En el gremio agrícola miran el tema como un problema práctico: cosechas que no esperan y faenas temporales que se concentran en pocas semanas. En ese marco, Antonio Walker, presidente de la SNA, salió a responder a parlamentarios que empujan un endurecimiento de la norma que regula la proporción de trabajadores extranjeros en las empresas. “Hay que dejar el populismo a un lado”, dijo, y sostuvo que la agricultura necesita “a todos los chilenos trabajando en el campo”, pero que la fuerza laboral nacional no alcanza para cubrir los picos de demanda estacional. En su argumento, el trabajador extranjero no reemplaza al nacional, sino que completa un déficit que, asegura, viene de antes y se agrava por cambios demográficos y por la menor disposición a trabajar en labores físicamente exigentes.
La regla vigente: 85% de trabajadores chilenos y la excepción de 25
El punto de partida está en el Código del Trabajo. Según la Dirección del Trabajo, los artículos 19 y 20 establecen que “el 85%, a lo menos” de los trabajadores que sirven a un mismo empleador debe ser de nacionalidad chilena. Sin embargo, la misma normativa contempla una excepción relevante: la exigencia no rige para empleadores que no ocupan más de 25 trabajadores. Además, el cálculo del porcentaje se realiza aplicando reglas específicas, que incluyen criterios sobre el cómputo de personal y excepciones para ciertos perfiles técnicos, según interpretaciones administrativas. En la práctica, esta regulación ha convivido con un mercado laboral agrícola altamente estacional, donde la contratación sube y baja por cosechas, packing y transporte. Por eso, cualquier cambio al modo de cálculo impacta de manera distinta según tamaño de empresa, ubicación y temporada.
El proyecto en el Congreso: cambiar el cómputo y llevarlo a un nivel regional
El debate se reactivó tras el ingreso de una moción a la Cámara de Diputadas y Diputados. En su ficha de tramitación, el proyecto (boletín 18039-13) señala que busca modificar el Código del Trabajo “en cuanto a la cantidad y forma de cómputo de trabajadores extranjeros que pueden servir a un mismo empleador”. La discusión pública se ha concentrado en dos ideas: ampliar el alcance de la regla hacia empresas de menor tamaño y ajustar el cálculo para que no sea solo “nacional”, sino que considere el componente regional, lo que podría tensionar a rubros con alta movilidad de trabajadores por temporada. Aunque los detalles finos dependen del articulado y de indicaciones futuras, el mensaje político de fondo es claro: elevar el estándar de empleo local y fiscalización en todo el territorio.
La tesis de la “escasez estructural” y el ejemplo de la cosecha de cerezas
Walker instaló un ejemplo que, en el agro, se usa como termómetro: la cosecha de cerezas. Según su planteamiento, Chile requiere grandes contingentes en periodos breves y no dispone de suficientes trabajadores disponibles para cubrirlos solo con mano de obra nacional. En esa línea, sostuvo que “prácticamente” los trabajos más calificados los toman chilenos, mientras que labores más intensivas y temporales dependen en mayor medida de extranjeros. El argumento busca separar dos discusiones que, en política, suelen mezclarse: la migración laboral estacional —con contratos, pagos y previsión— y los problemas de seguridad asociados a delitos, donde el dirigente pidió “distinguir” y no generalizar. El desafío, para el debate legislativo, será traducir esa distinción en reglas claras de contratación y en mecanismos de control efectivos.
La propuesta del gremio: visas de trabajo por temporada y regularización
La alternativa que empuja la SNA apunta a ordenar, no restringir. Walker propuso avanzar en regularización mediante visas de trabajo por temporada, de manera que el empleador pueda contratar formalmente cuando la demanda sube. En el diseño institucional vigente, el Servicio Nacional de Migraciones contempla una subcategoría de Residencia Temporal para “trabajadores de temporada”, definida para labores estacionales por periodos limitados y con tope de permanencia anual. El propio servicio detalla que, una vez otorgado un certificado de “residencia temporal en trámite” favorable, ese documento permite ingresar al país, y luego se exigen pasos posteriores como la presentación del contrato y su inscripción dentro de plazos establecidos. En este esquema, el punto crítico no es solo la visa: también lo son la trazabilidad del vínculo laboral, la fiscalización en terreno y la rapidez de los procesos, para que la norma sea realmente usable en temporada alta.
Exportaciones y presión de calendario: por qué el tema tiene efecto económico
Más allá del debate político, el agro pone sobre la mesa un riesgo económico: perder ventanas de cosecha y exportación por falta de mano de obra. Los números ayudan a dimensionar el peso del sector. De acuerdo con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en 2024 las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron un récord superior a los US$ 20.500 millones, con un crecimiento entre 2023 y 2024 de 6,5%, impulsado principalmente por el sector agrícola. Esas cifras no prueban por sí solas una relación directa con migración laboral, pero sí explican por qué el rubro pide una política migratoria “ordenada, segura y regular”: el calendario productivo es rígido y el incumplimiento de contratos internacionales se paga caro. En esa tensión se moverá la discusión: cuánto endurecer la regla sin provocar cuellos de botella que terminen encareciendo la producción o dejando fruta sin cosechar.
Lo que viene: negociación política, fiscalización y señales al empleo local
El proyecto recién está en primer trámite constitucional y, como suele ocurrir, el resultado dependerá de indicaciones, audiencias y presión de sectores productivos y sindicatos. Un punto probable de consenso será reforzar la fiscalización: tanto para evitar abusos laborales como para desincentivar la informalidad, que perjudica a trabajadores chilenos y extranjeros por igual. Otro eje será la señal al empleo local: cómo asegurar oportunidades para trabajadores nacionales sin desconocer el carácter estacional del agro ni los flujos regionales de mano de obra. Para Walker, la clave es que la política pública permita contratar formalmente “cuando se necesita”, y que el Estado distinga entre migración laboral regulada y fenómenos delictuales. Para los autores del proyecto, el objetivo es fortalecer el componente chileno en las empresas y cerrar resquicios en el cálculo. La discusión, en síntesis, se jugará en el equilibrio entre reglas más estrictas y herramientas más ágiles para cumplirlas.
Fuente: Dirección del Trabajo, Cámara de Diputadas y Diputados, SERMIG, Odepa
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