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Proyecto Anillo USM estudiará compras públicas de alimentos y justicia territorial en Chile

martes, 15 de septiembre 2026

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Proyecto Anillo USM estudiará compras públicas de alimentos y justicia territorial en Chile

Compras públicas de alimentos: la USM analizará por 3 años JUNAEB, Valparaíso y Santiago para medir sostenibilidad y justicia.

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Nacional

Por: Constanza Sanhueza G. | 26 de mayo 2026 | 06:00

Proyecto Anillo USM estudiará compras públicas de alimentos y justicia territorial en Chile

Pie de foto: Investigadores de la USM, USACH y PUC estudiarán cómo las compras públicas de alimentos pueden impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y justos en Valparaíso y Santiago.

La Universidad Técnica Federico Santa María lidera un Proyecto Anillo Temático ANID que analizará cómo las compras públicas de alimentos pueden impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y justos. La investigación estudiará casos en Valparaíso y Santiago, con foco en el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB y en el vínculo entre el Estado y productores agrícolas.

La comida que llega a una escuela no empieza en la cocina ni termina en el plato. Antes pasa por productores, contratos, rutas de distribución, criterios de compra y decisiones públicas que pueden favorecer —o dejar fuera— a determinados territorios. Esa es la pregunta que abre el nuevo Proyecto Anillo Temático ANID liderado por la Universidad Técnica Federico Santa María: cómo las compras públicas de alimentos pueden convertirse en una herramienta para avanzar hacia mayor sostenibilidad y justicia territorial en Chile. La iniciativa, titulada Food territories and government procurement: sustainability and socio-spatial justice, será encabezada por Nicolás Valenzuela, académico del Departamento de Arquitectura de la USM.

Compras públicas para mirar el territorio

El proyecto pondrá atención en un ámbito poco explorado: la relación entre el Estado y los productores agrícolas mediante mecanismos de compra pública. Uno de los casos relevantes será el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, una política que entrega servicios de alimentación a estudiantes durante el año lectivo y que, por su escala, también incide en cadenas de suministro, economías locales y criterios de acceso a alimentos. En ese cruce, la investigación no solo observará qué se compra, sino desde dónde viene, qué impactos genera y qué territorios se benefician o quedan al margen.

La USM informó que el estudio tendrá una duración de tres años y analizará territorios de Valparaíso y Santiago. Para ello, el equipo evaluará impactos ambientales y socioeconómicos de distintas opciones de suministro, considerando variables como consumo de agua, emisiones de gases de efecto invernadero e ingresos de comunidades agrícolas. La meta es producir evidencia que ayude a mejorar criterios de decisión pública, especialmente en licitaciones donde el precio suele concentrar gran parte de la discusión, pero no siempre refleja los costos ambientales o sociales de una cadena alimentaria.

Un equipo multidisciplinario

Además de Valenzuela, el proyecto contará con la colaboración de Nicolás Gálvez, académico del Departamento de Electrónica de la USM; Andrea Espinoza y Óscar Vásquez, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile; y Alejandra Vives, de la Escuela de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La composición del equipo responde a la complejidad del problema: se requiere combinar arquitectura, planificación urbana, ingeniería, ciencia de datos, geografía económica y epidemiología social para entender cómo la alimentación se organiza en el territorio.

“Conformar un equipo multidisciplinario es fundamental”, explicó Valenzuela, al destacar que la investigación integrará miradas sobre desigualdades ambientales y socioeconómicas. Esa combinación permitirá observar los sistemas alimentarios no solo como flujos de productos, sino como redes que conectan productores, empresas proveedoras, establecimientos educacionales, infraestructura, comunidades y residuos. La justicia territorial aparece entonces como una pregunta concreta: quién participa en esas redes, quién captura valor y quién asume los impactos de las decisiones públicas.

San Antonio como antecedente

La adjudicación del Anillo se apoya en el trabajo previo desarrollado por el equipo en el proyecto FOVI Cooperation for sustainable food systems associated to global port infrastructure, liderado por Valenzuela junto a la USACH y el Royal College of Art de Reino Unido. Esa iniciativa tomó como caso de estudio la ciudad-puerto de San Antonio y abordó la planificación de sistemas alimentarios sostenibles en contextos portuarios, con foco en impactos socioambientales, economía circular y desarrollo económico local.

En San Antonio, el equipo elaboró propuestas vinculadas con recolección de residuos orgánicos, agricultura urbana, reutilización de aguas grises, corredores verdes, producción agrícola en zonas periféricas e infraestructura comunitaria para ollas comunes. Más que intervenciones aisladas, esas ideas permitieron ensayar una forma de leer el territorio alimentario completo: producción, procesamiento, distribución, consumo y gestión de residuos. Ese aprendizaje será la base para la nueva etapa de investigación.

Hacia una política alimentaria con evidencia

El desafío ahora será traducir esa mirada en información útil para la política pública. Si las compras estatales incorporan criterios de sostenibilidad, cercanía, impacto territorial y desarrollo local, pueden generar efectos más amplios que la simple adquisición de alimentos. En el caso escolar, esto puede influir tanto en la calidad y pertinencia de la alimentación como en la posibilidad de abrir mercados más estables para productores locales. Por eso, el Proyecto Anillo no solo busca describir un problema, sino proponer herramientas para decidir mejor.

La discusión es especialmente relevante porque conecta alimentación, ciencia, planificación territorial y equidad. En un país donde las desigualdades también se expresan en el acceso a alimentos saludables y en las oportunidades de pequeños productores, mirar las compras públicas como instrumento estratégico puede abrir una nueva etápa. El proyecto de la USM plantea justamente ese giro: entender que cada licitación también ordena territorios, distribuye impactos y puede ayudar a construir sistemas alimentarios más saludables y sostenibles.

Fuente: ANID, Departamento de Arquitectura USM, JUNAEB.

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