Presidente de SNA defiende proyecto Ley de Usurpaciones mientras Gobierno ejercerá derecho a veto

El proyecto de Ley de Usurpaciones

En lo medular, el proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.

Inicialmente el gobierno había patrocinado esta reforma -surgida de un par de mociones de senadores opositores-, no obstante, la tramitación se complejizó con la conjunción de algunas disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento.

A juicio de La Moneda, la mezcla de dos figuras jurídicas: la “legítima defensa privilegiada” y la “flagrancia permanente” (es decir, el delito se sigue cometiendo mientras dure la usurpación, independiente que pasen años) daba espacio a la “justicia por mano propia”.

“Tenemos un mes para ingresar el veto, tenemos que hacerlo con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien”, dijo ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien añadió que lo principal es solucionar “este problema de la legítima defensa privilegiada permanente e ilimitada”.

Además, mencionó un segundo punto delicado a resolver con un veto (que en realidad pueden ser varios presentados simultáneamente): la aplicación de la misma pena severa para quienes se tomen un inmueble, independiente que sea con violencia contra personas o contra cosas. A juicio del gobierno, en ese tema debiera haber una graduación.

Respecto del tipo de veto, la ministra explicó que lo están “pensando mucho”, pues el objetivo es “preservar lo positivo del proyecto”. En todo caso, las alternativas son básicamente tres: un veto aditivo (que añadiría elementos al texto), uno supresivo (que eliminaría partes del proyecto) o uno sustitutivo (que reemplaza su redacción).

¿Cuáles son las implicancias de la Ley de Usurpaciones?

El abogado y académico de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, explicó a Bíobío, que esta ley viene a endurecer las penas destinadas a sancionar a quienes usurpan terrenos.

Respecto a las implicancias, el abogado sostiene que “establece el mismo fondo sancionatorio a quienes usurpan con violencia como a los que usurpan sin violencia”.

Igualmente, establece que la flagrancia, es decir, la situación de comisión del delito se mantiene siempre vigente y, por lo tanto, se puede perseguir permanentemente.

Por otra parte, está lo de la legítima defensa privilegiada “en donde las personas por su propia mano o recursos, o a través de terceros, pueden intentar recuperar su propiedad usurpada sin que se persiga su responsabilidad penal por cualquier desgracia que pueda ocurrir”, comentó.

El director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago, también se refirió al veto presidencial presentado por el Gobierno.

“Está dentro de sus atribuciones constitucionales”, finalizó.