Ley de usurpaciones: El veto que prepara el Gobierno para eliminar la defensa privilegiada

La legítima defensa privilegiada o autotutela es una norma que sí o sí tiene que ser eliminada, de acuerdo al consenso oficialista.

Así lo reiteraron el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, y su símil de Convergencia Social, Lorena Fries, quien agregó que también buscarán suprimir la posibilidad de que las usurpaciones no violentas sean penalizadas con cárcel, manteniendo lo que existe hoy, que es una multa.

¿Cuál será el veto del Gobierno?

Será un veto sustitutivo: Esto quiere decir, que se ingresa un proyecto completo dentro del veto y se mantienen la mayoría de sus elementos, menos lo que se quiere vetar. Se desechó la idea de que fuese ‘supresivo’ -para eliminar partes de la ley- porque el proyecto está escrito de tal forma que hay muchos amarres entre los diversos artículos que podrían desbalancear toda la norma si se elimina una parte.

¿Dónde hay acuerdo?

 En modificar la llamada ‘legítima defensa privilegiada’, derecho que contiene esta ley y que, mezclado con la ejecución permanente del delito de usurpación, generaba lo que el gobierno y los diputados oficialistas han llamado “autotutela” o defensa por mano propia, siendo esta la razón principal por la que se veta el proyecto.

Pero habrá otros elementos: por ejemplo, se eliminará aquellos elementos de la norma que ampliaban el efecto de la ley de usurpaciones a otras ocupaciones de espacio como huelgas o tomas de recintos educacionales. Quedará con que las usurpaciones deben ser solo con ánimo de apropiarte de la cosa inmueble, dejando fuera las protestas.

También habrá una modificación que afectará indirectamente la detención ciudadana por vía de expresar de mejor manera la habilitación de detenciones por parte de las policías.

No hay unanimidad en veto que ingresará Gobierno

Si bien todo el oficialismo está a favor del veto y de que sea sustitutivo, desde Apruebo Dignidad marcaron una diferencia en el encuentro con el gobierno. Es un debate extenso y amplio, pero dicho en simple, hay parlamentarios que prefieren que la usurpación sin daños o no violenta, se convierta en una falta que exponga a multa, pero que no haya presidio.

Para esto, argumentan una dimensión técnica y una más política. Por un lado, quienes intervinieron dicen hablar por “mundos” de organizaciones sociales y comités de vivienda que se oponen a la “criminalización” de las personas que viven en campamentos.

Más en lo técnico, dicen que la redacción de la norma, que parte en 61 días de presidio efectivo, contiene elementos que hacen que de todas maneras se pueda afectar a personas que viven en asentamientos irregulares y quedó abierto el escenario de que se hagan propuestas.

El veto ingresará por el Senado y luego irá a la Cámara. Al oficialismo le gustaría que no pase por comisiones y dicen que una de las complicaciones del análisis interno del ejecutivo, es que el veto entre en una “recalificación”: Esto se refiere a que la mesa del Senado -que es cámara de origen del proyecto- estime que el veto no tiene el mismo efecto que el gobierno dice que tiene.

Y si la mesa estima que el veto no está calificado, podría pedir fragmentar la iniciativa presidencial y votar por partes, escenario que complicaría al Ejecutivo para dejar el proyecto en las condiciones que buscará.

El próximo viernes vence el plazo para que La Moneda ingrese el veto al Congreso y, según han trascendido, éste será sustitutivo, lo que genera resistencia en Chile Vamos.