Industria del plástico en alerta en Europa y España: caen ingresos y piden seis medidas

Comercio exterior y control aduanero: importaciones y certificados

La presión competitiva se ha intensificado vía importaciones de transformados plásticos. Desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos y el anuncio del impuesto, las compras exteriores de productos transformados han aumentado en más de 1.000 millones de euros, desplazando producción nacional, según ANAIP. El sector denuncia además la entrada de materiales reciclados y productos con contenido en reciclado avalados por certificados de dudosa trazabilidad, lo que obligaría a reforzar controles en frontera y sistemas de verificación. Para la industria, el desajuste regulatorio —estándares exigentes dentro de la UE frente a controles laxos para lo que llega de terceros países— termina “exportando” emisiones y empleo, al incentivar la sustitución por importaciones de menor precio y menor control ambiental. De ahí la propuesta de “medidas espejo”, que apliquen exigencias equivalentes a los productos importados para nivelar la competencia y sostener la inversión doméstica.

Circularidad en riesgo: cierres y pérdida de capacidad de reciclado

La ambición europea de aumentar el contenido reciclado y cerrar el ciclo del plástico se enfrenta a una tormenta perfecta. Plastics Recyclers Europe (PRE) advierte de un “colapso inminente” del reciclado por la caída de la demanda de reciclados EU —presionada por importaciones de bajo precio—, costes energéticos altos y cargas administrativas. Entre 2023 y finales de 2025, la región habrá perdido cerca de 1 millón de toneladas de capacidad instalada por cierres o paradas, comprometiendo los objetivos de circularidad y clima. Informes de 2025 recogen oleadas de cierres y suspensiones, con capacidad perdida en apenas siete meses comparable a todo 2024, un deterioro que amenaza la disponibilidad de polímeros secundarios con calidad industrial estable. El sector reclama contratos a largo plazo, estabilidad regulatoria y señales de demanda —objetivos de contenido reciclado factibles y verificados— para sostener inversiones en clasificación avanzada, reciclado mecánico y químico.

Por qué importa para la autonomía estratégica europea

La fragilidad industrial del plástico tiene implicaciones directas sobre sectores dependientes —sanidad, automoción, defensa, agroalimentación— y sobre la balanza comercial. La Comisión y los Estados miembros han fijado metas de neutralidad climática y circularidad hacia 2050, con hitos intermedios en 2030; sin una base manufacturera competitiva, la UE corre el riesgo de importar cada vez más productos con menor control ambiental y huellas de carbono superiores. El retroceso de Europa del 22 % al 12 % del mercado global significa menor masa crítica para investigación, pérdida de centros de decisión y peor poder de negociación en cadenas de suministro críticas. Además, la volatilidad de precios y la caída de márgenes desalientan tecnologías emergentes —como reciclado químico con captura de carbono—, que requieren estabilidad y escala. La autonomía estratégica no es solo geopolítica: también es capacidad de transformar materias primas en bienes esenciales con estándares confiables.

Las seis medidas que propone la industria

La carta de las 28 organizaciones sintetiza seis actuaciones:

1. Reforzar aduanas y aplicar medidas espejo para que los plásticos importados cumplan exigencias equivalentes a las europeas.
2. Estimular la demanda de plásticos producidos en la UE, con objetivos realistas de contenido reciclado y compras públicas que prioricen material circular europeo.
3. Invertir en infraestructuras de recogida, clasificación y reciclado, con incentivos fiscales y reducción de cuellos de botella logísticos.
4. Implantar RAP ecomodulada, premiando reciclabilidad de diseño y contenido reciclado efectivo.
5. Energía a precio competitivo para usos industriales, aliviando un diferencial de costes clave.
6. Aplicación uniforme de la normativa en todos los Estados miembros para evitar fragmentación que distorsiona el mercado. 

“Europa debe actuar ya”, resume el sector, reclamando un marco que devuelva certidumbre e inversión al tejido productivo.

España, la respuesta política que falta

Más allá de la crítica, el sector pide abrir una mesa técnica con Gobierno y comunidades autónomas para depurar el impuesto, clarificar exenciones y simplificar cargas informáticas, alineando recaudación con resultados ambientales medibles. Proponen calibrar la fiscalidad para incentivar sustitución de polímeros vírgenes por reciclados certificados, no para deslocalizar actividad hacia jurisdicciones con menos controles. También piden coordinar inspección en puertos y aduanas para bloquear certificaciones dudosas e intensificar cooperación con la Comisión y OLAF. La administración, por su parte, defiende que el tributo impulsa prevención y circularidad; el debate exige ahora transparencia de datos, evaluación de impacto reglada y ajustes finos que preserven objetivos climáticos sin asfixiar a pymes. De lograrse, España podría convertir una tensión coyuntural en oportunidad para acelerar inversión en modernización, trazabilidad digital y recuperación de material con alto valor añadido.