Gobierno endurece el control migratorio y llega al Senado con medidas concretas en su primer mes

Ese cambio de tono no se apoya solo en declaraciones. El Ministerio del Interior informó que, en el primer mes del mandato, se concretaron 156 expulsiones, en su gran mayoría administrativas, lo que equivale a un aumento de 33% frente al mismo período de 2022. En paralelo, entre el 11 de marzo y el 11 de abril se registraron 2.101 denuncias por ingreso clandestino, contra 6.437 en igual lapso de 2022, una diferencia de 4.336 casos menos, equivalente a una caída de 67,4%. Son cifras de arranque y todavía no constituyen una tendencia estructural de largo plazo, pero para el Gobierno sí cumplen una función política central: demostrar que, al menos en su fase inicial, la agenda migratoria dejó de ser promesa y pasó a ser acción.

El primer vuelo de expulsión: una señal de autoridad que el Ejecutivo quiere repetir

La imagen más potente de este nuevo ciclo llegó el 16 de abril, cuando desde la II Brigada Aérea de la FACh despegó el primer vuelo de expulsión del mandato de Kast. El operativo incluyó la salida de 40 ciudadanos extranjeros, 26 por medidas administrativas y 14 por orden judicial. Más que una operación aislada, el Gobierno lo presentó como el inicio de una política “permanente” de control migratorio, con acciones aéreas y terrestres destinadas a materializar expulsiones, reforzar la fiscalización y asegurar el cumplimiento de resoluciones que durante años se acumularon más rápido de lo que el Estado lograba ejecutar.

El valor político del vuelo no estuvo solo en el número, sino en lo que buscó representar. En un debate donde abundan los proyectos, los diagnósticos y las recriminaciones cruzadas entre administraciones, el Ejecutivo apostó por una escena de ejecución concreta. El mensaje fue claro: la prioridad migratoria no se limitará a endurecer el lenguaje o a pedir nuevas normas, sino que se expresará en operativos visibles, coordinación institucional y continuidad. Esa puesta en escena le permite al Gobierno sostener que su enfoque no parte en el Congreso, sino en la capacidad del Estado para actuar en terreno. Y, en términos comunicacionales, le entrega una foto que resume el tipo de autoridad que busca proyectar.

La nueva Dirección de Fiscalización y Expulsiones busca cambiar la lógica del Estado

La segunda gran apuesta del Ejecutivo ha sido institucional. El 2 de abril, el Servicio Nacional de Migraciones informó la implementación de una Dirección de Fiscalización y Expulsiones, encabezada por el exprefecto inspector de la PDI Richard Bórquez. El director nacional, Frank Sauerbaum, explicitó el objetivo de fondo: dejar atrás un servicio “pasivo” y avanzar hacia uno con mayor capacidad de control, persecución administrativa y coordinación para ejecutar salidas efectivas del país. La nueva unidad tendrá como misión coordinar la búsqueda y salida de personas con situación migratoria irregular, fiscalizar a empleadores y articular trabajo con la PDI, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.

Ese cambio puede parecer burocrático, pero en realidad toca uno de los problemas más profundos del sistema migratorio chileno: la distancia entre dictar medidas y hacerlas cumplir. La nueva administración está apostando a que la discusión no se agote en cuántas expulsiones se decretan o cuántos proyectos se presentan, sino en cuánta capacidad real existe para localizar personas, verificar antecedentes, coordinar instituciones y cerrar procesos que antes quedaban atrapados en el rezago. En esa lógica, la creación de esta dirección no es un detalle administrativo, sino una de las piezas centrales del diseño gubernamental para convertir la política migratoria en una política de ejecución.

La frontera norte dejó de ser solo un símbolo y pasó a ser un frente operativo

Otro de los ejes donde el Gobierno quiso marcar diferencia es la frontera norte. El 7 de abril, el Servicio Nacional de Migraciones informó avances del plan de “Fortalecimiento de la Frontera Terrestre y Marítima de la Macrozona Norte”, a cargo del comisionado presidencial Alberto Soto. Según el propio servicio, el plan contempla intervenciones en 299 kilómetros de frontera considerados vulnerables y mejoras en los complejos de Colchane, Chacalluta e Hito Rojo, con el objetivo de elevar la capacidad de fiscalización y vigilancia.

Lo más relevante es que las medidas ya no están formuladas solo en términos generales. SERMIG reportó el inicio de trabajos de contramovilidad en rutas irregulares mediante zanjas, camellones, cercos y la instalación de puntos de control en rutas ubicadas dentro de los 10 kilómetros desde la frontera. También detalló elementos de contención física como una zanja de tres metros de profundidad por tres de ancho, un camellón de bloqueo de 1,5 metros de altura y seis metros de base, y un muro modular con concertina. Ese tipo de infraestructura resume bien el sello del actual gobierno en esta materia: pasar de una política predominantemente reactiva a una de disuasión física, presencia territorial y cierre de rutas no habilitadas.

En términos políticos, la importancia de estas obras es todavía mayor. Durante años, la frontera fue presentada como el lugar donde se hacía visible la pérdida de control del Estado. Hoy el oficialismo intenta invertir ese relato y convertir ese mismo espacio en la prueba más visible de que el gobierno está actuando. Por eso la frontera no cumple solo una función operativa, sino también narrativa: es el lugar donde la administración de Kast quiere demostrar que su promesa de orden no se queda en el discurso y que la recuperación del control estatal puede expresarse en infraestructura, vigilancia y coordinación concreta.

El Senado ya dio una señal a favor de endurecer las expulsiones administrativas

En paralelo a las medidas operativas, el Ejecutivo avanzó en una de las reformas legales que considera más útiles para acelerar resultados: el perfeccionamiento del procedimiento de expulsión administrativa. El 8 de abril, la Sala del Senado aprobó en general ese proyecto por 35 votos a favor y 1 en contra, fijando plazo de indicaciones hasta el 29 de abril. La iniciativa fortalece las facultades de la Subsecretaría del Interior y amplía atribuciones de la PDI para facilitar la ejecución de expulsiones, el registro de datos biométricos y el tratamiento de casos vinculados al orden público.

Entre sus aspectos más sensibles, el proyecto permite a la PDI, previa autorización correspondiente, ingresar al domicilio de una persona extranjera con orden de expulsión en ciertos supuestos; autoriza la obtención de datos biométricos de extranjeros mayores de 18 años en situación migratoria irregular; y faculta al Subsecretario del Interior, previa autorización judicial, para dictar la expulsión inmediata de extranjeros formalizados, acusados o requeridos por simple delito, bajo determinadas condiciones. Además, eleva el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país: de tres a cinco años en las expulsiones del director nacional de Migraciones y de cinco a diez años en las dictadas por el Subsecretario del Interior. Para el Gobierno, esta es una reforma menos vistosa que el debate penal, pero probablemente más decisiva para acelerar el cumplimiento de expulsiones.

El proyecto para tipificar el ingreso irregular enfrenta resistencia, pero el Ejecutivo ya instaló el tema en el centro de la agenda

La otra gran batalla legislativa del momento es la que busca tipificar como delito el ingreso irregular. El 21 de abril, la Comisión de Gobierno del Senado despachó en general la iniciativa con informe negativo, tras una votación de tres votos en contra y dos a favor. Pese a ello, la propia información oficial del Senado precisó que la Sala deberá pronunciarse el miércoles 22 de abril. El dato es políticamente importante: el Gobierno no consiguió alinear a la comisión, pero sí logró que el proyecto siguiera vivo, entrara al centro de la agenda y llegara al pleno en medio de un clima donde la presión ciudadana por seguridad y control fronterizo sigue alta.

El contenido del proyecto incluye una de las piezas más accionaria de la ofensiva oficial, según la síntesis del Senado, el texto introduce formalmente el delito de ingreso clandestino. Para una administración que hizo del orden uno de sus ejes de instalación, esa discusión tiene un valor que trasciende el texto legal. Aunque haya resistencia en parte del Senado, el Ejecutivo ya consiguió que el debate gire en torno a su marco: si el Estado debe o no elevar el costo del ingreso clandestino, si la frontera puede seguir siendo tratada solo como un problema administrativo y si el sistema migratorio debe contar con herramientas penales complementarias. En ese sentido, incluso cuando encuentra oposición, el Gobierno ha logrado algo relevante: mover el eje de la conversación nacional hacia posiciones más duras y obligar al sistema político a responder sobre control, expulsión y sanción.

A diferencia de otros ciclos, el Gobierno llega a esta discusión con hechos y no solo con diagnóstico

La principal ventaja política que hoy tiene La Moneda es que puede defender su agenda migratoria mostrando decisiones ya tomadas dentro del primer mes de mandato. No parte desde cero ni depende exclusivamente de la aprobación futura de proyectos complejos. Ya puede exhibir un vuelo de expulsión, una baja oficial en denuncias por ingreso clandestino en la comparación con igual tramo de 2022, una nueva dirección enfocada en fiscalización y expulsiones, un plan activo de reforzamiento de frontera y una reforma legal avanzada para acelerar expulsiones administrativas. En términos de instalación política, ese paquete le permite decir que su estrategia no está en fase de diseño, sino en etapa de ejecución.

Ese punto es el que mejor explica por qué el gobierno ha logrado ordenar su relato en esta materia con rapidez. Mientras otras administraciones quedaron expuestas a la crítica por acumular diagnósticos sin capacidad visible de respuesta, la actual ha buscado construir legitimidad a partir de gestos concretos y secuenciados: primero control operativo, luego rediseño institucional, después endurecimiento administrativo y en paralelo presión legislativa para criminalizar el ingreso irregular. En este sentido el Ejecutivo ya consiguió instalar una percepción favorable entre quienes demandaban una señal temprana de autoridad.

El desafío del Gobierno ya no es arrancar, sino sostener y escalar

El punto decisivo hacia adelante no será si el Gobierno logró mover la agenda en sus primeras semanas, porque eso ya ocurrió. La prueba real estará en sostener la frecuencia de expulsiones, transformar la nueva estructura de fiscalización en resultados acumulables, mantener la presión en frontera y convertir los avances legislativos en herramientas efectivas que resistan control judicial y debate político. El arranque ha sido rápido y el Ejecutivo logró algo que parecía difícil en una materia donde Chile acumulaba frustración: volver a transmitir la idea de que el Estado puede actuar. Ahora deberá demostrar que esa capacidad no fue una escena de inicio, sino el comienzo de una política consistente.