Debate en Chile sobre la propuesta de eliminar la contribución a la primer vivienda

Dicha compra supone que el comprador pagará un dividendo de $ 313.000 (sin seguros), tomado a un plazo de 30 años. De acuerdo con las tablas de amortización de dichos créditos hipotecarios, esta familia pagará en su primera cuota un capital de $ 70.246, es decir, estará ahorrando forzosamente el 6% de su sueldo líquido para su vejez mes a mes.

Por otro lado, la propiedad adquirida deberá pagar unas contribuciones equivalentes al 1% aproximadamente del avalúo fiscal. Si el avalúo fiscal coincide con el avalúo comercial y no hay monto exceptuado, el pago anual será de $688.000, equivalentes a $57.300 de gasto por contribuciones mensuales. Por contrario, si hay montos exceptuados, el avalúo fiscal podrá estar por debajo del valor comercial. Digamos por un momento que, si el avalúo fiscal es de un 60% del valor comercial, el pago será entonces de $ 34.400 mensuales.

“Si el lector es ávido con los números, ya habrá calculado que $57.300 de contribuciones pagadas mensualmente, dividido en los $70.246 que ahorra mensualmente el comprador con su hipoteca, da la exorbitante cifra de 82% (o en su menor caso de 49%). Es decir, el Estado le quita por ser rico", hasta el 82% del único ahorro voluntario significativo que posee (en adición a sus fondos de pensiones) a todos quienes adquieran propiedades a partir de estos valores. Dicho en otras palabras, el 5% del sueldo líquido irá a pagar esta quita”, argumentó Latorre.

En adición a lo anterior, es relevante entender que, si el propietario se enferma, queda desempleado, se jubila y no puede pagar dichas contribuciones, el SII procederá a quitarle la vivienda y sacarla a remate. Por otro lado, si usted quisiera disputar dicho valor, estará facultado para hacerlo ante el mismo SII, que hoy es juez y parte. Esto resulta particularmente injusto, pues dichos avalúos quedan a merced del burócrata del gobierno de turno, quien podría por vía administrativa fijar valores ridículos de avalúo fiscal sin que el ciudadano tenga la más remota posibilidad de poder reclamar dicha valorización.

La propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda abre un debate necesario. Es importante pensar cómo estamos financiando el desarrollo local de nuestro país, siendo relevante desentrañar su verdadera naturaleza, propósito e impactos.

De mantenerse el gravamen en su forma actual, estamos ante una herramienta que apunta al patrimonio por sobre el territorio, implicando también que algunos grupos de la sociedad paguen en más de una ocasión por su propiedad. No obstante, su simple eliminación también nos impone un problema de financiamiento para diversas comunas del país.

Con todo, es pertinente preguntarnos por la dependencia a un 23% de los hogares para financiar parte fundamental del funcionamiento municipal, pues ello no necesariamente aporta a la competitividad de cada territorio (situación fundamental para sustentar el desarrollo local).

Por último, la discusión debe sostenerse en estimaciones claras y fundadas en la evidencia, pues, incluso de eliminarse este gravamen, no se ha calculado el impacto real del FCM, ya que no toda propiedad y usos están incluidos en la propuesta. Por lo mismo, más que el intento de anular la discusión por motivos de financiamiento o su efecto redistributivo, parece razonable desplazar la conversación a otras instancias y cuestionarnos si el modelo de financiamiento de las municipales fomenta realmente el desarrollo de nuestras ciudades, o si debemos realizar ajustes para lograr objetivos que logren ser palpados por la ciudadanía y que no sean percibidos simplemente como un impuesto al patrimonio.