Chile firma acuerdo para reforestar y financiar proyectos forestales con mercados de carbono

El foco: pequeños y medianos propietarios y la “masa crítica”

La iniciativa pone el acento en propietarios que históricamente han tenido menos acceso a instrumentos financieros complejos. Ignacio Santelices, gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, explicó que la clave es la colaboración: un predio pequeño, por sí solo, suele quedar fuera por falta de escala para cubrir costos de certificación y para generar volumen de créditos. En cambio, si varios propietarios se coordinan, pueden sumar hectáreas y construir un “portafolio” que alcance masa crítica, con reglas comunes y una gobernanza que reparta costos, riesgos e ingresos. La idea, en términos simples, es convertir la dispersión en una oferta agregada: predios distintos, bajo un paraguas técnico y contractual compartido, capaz de atraer financiamiento y compradores. Esa asociatividad no es un detalle social; es la condición de entrada para participar en mercados que premian trazabilidad y escala.

Roles y gobernanza: quién hace qué en terreno

El texto del acuerdo y los voceros delinean una división de tareas que busca evitar el vacío más frecuente en este tipo de promesas: la falta de ejecución. Fundación Chile asume un rol de articulación; Corfo y BancoEstado aparecen ligados al levantamiento de recursos y al puente financiero; y CORMA tendría la misión de identificar propietarios y oportunidades en terreno. La utilidad de este esquema dependerá de cómo se traduzca en instrumentos operativos: cartera de proyectos, criterios de selección, asistencia técnica y un marco de monitoreo. También exige un mecanismo de resolución de controversias, porque la inversión forestal se mueve en ciclos largos y convive con incertidumbres: incendios, plagas, cambios de mercado y variaciones regulatorias. Si la gobernanza queda en declaraciones, el acuerdo se diluye; si se vuelve un “pipeline” con hitos medibles, puede activar inversión privada con objetivos ambientales.

Plazos reales: por qué esto se mide en décadas

Uno de los aportes más honestos del relato es el factor tiempo. Santelices fue explícito en que son esfuerzos largos: incluso con un diseño eficiente, el crecimiento de los árboles y la maduración del proyecto demandan décadas antes de cosecha o venta relevante de créditos. Ese calendario obliga a ordenar expectativas: no se trata de una política de “resultados inmediatos”, sino de infraestructura natural con retornos diferidos. Por eso el financiamiento no puede descansar solo en una venta futura; necesita puentes —créditos, garantías o instrumentos mixtos— para atravesar los años iniciales.

El acuerdo se inscribe en la meta climática de Chile de alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050, establecida en la Ley Marco de Cambio Climático. Ese marco hace que los sumideros —bosques, suelos y otras soluciones basadas en naturaleza— sean parte del tablero, pero no la única pieza. El propio vocero entrevistado introduce cautela: el sector forestal puede aportar, aunque el cumplimiento depende de acciones en energía, industria, transporte y agricultura, además de la resiliencia ante incendios y degradación. En clave editorial, esto se debe decir sin triunfalismo: reforestar ayuda, pero no reemplaza la reducción de emisiones. Y, al mismo tiempo, un buen proyecto forestal puede cumplir varias funciones públicas: empleo rural, recuperación de paisajes, protección de agua y biodiversidad, y un flujo financiero que haga sostenible el manejo. La credibilidad está en medir y reportar con precisión. 

Mercados de carbono: oportunidad, pero con estándares y confianza

Hablar de mercados de carbono exige una frase clara sobre integridad. A escala global, organismos como el Banco Mundial describen el “precio al carbono” y los mecanismos de créditos como herramientas para incentivar acción climática, pero la experiencia internacional también ha empujado mayor escrutinio sobre calidad, adicionalidad y verificación. Para que un crédito sea valioso, debe representar reducciones o remociones reales, medibles y sostenidas, y eso implica reglas técnicas, auditorías y riesgo de reversión. En el caso forestal, el riesgo más obvio es que el carbono almacenado se pierda por incendios u otras perturbaciones, por lo que muchos estándares exigen buffers o reservas. Si Chile quiere que este acuerdo sea “bancable”, necesita bajar la promesa a metodologías concretas y a un lenguaje que el mercado entienda, sin que eso capture el diseño público. La oportunidad existe; la reputación se juega en la ejecución.