Auditoría fiscal gana terreno tras alerta del CFA por desvío y sobregasto en 2025

En febrero de 2026, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a encender las alarmas por el deterioro del cierre fiscal de 2025 y por la brecha entre ingresos proyectados y ejecución efectiva. La señal se da en plena transición política, con autoridades entrantes que prometen resguardar beneficios sociales mientras reconocen que “ordenar la caja” será prioridad. En paralelo, el sector privado advierte que, sin correcciones, el país podría normalizar déficits persistentes o elevar su endeudamiento. La idea de una auditoría fiscal —para transparentar compromisos y corregir desajustes— empieza a instalarse como salida de corto plazo.

La discusión tomó temperatura durante la primera quincena de febrero de 2026, cuando el CFA intensificó reuniones ordinarias y extraordinarias para revisar la ejecución presupuestaria y el “desvío adicional” respecto de proyecciones previas. En el trasfondo está el cierre fiscal de 2025, que volvió a poner presión sobre la regla fiscal y sobre la credibilidad de los supuestos utilizados para estimar ingresos y ajustar gasto durante el año. La señal no quedó solo en comunicados: el Consejo citó nuevas sesiones y anticipó la publicación de actas, instalando una narrativa incómoda para cualquier administración que asuma con promesas de seguridad social y disciplina presupuestaria. La pregunta de fondo dejó de ser si hay tensión fiscal y pasó a ser cuánto margen queda para financiar compromisos sin aumentar deuda o recortar programas.

Lo que dicen las actas: brecha de ingresos y ajustes de gasto “insuficientes”

Las actas conocidas a inicios de mes describen un patrón concreto: ingresos “significativamente inferiores” a las estimaciones oficiales y, al mismo tiempo, sobreejecución del gasto corriente, combinación que “acentúa la situación de estrés fiscal”. Esa formulación no es retórica: apunta a un descalce entre lo que el Estado esperaba recaudar y lo que efectivamente ingresó, sumado a gastos que no se contuvieron lo suficiente durante el año. En una sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2026, el CFA insistió en la “significativa brecha” entre proyección y ejecución de ingresos y en la “insuficiencia” de los ajustes implementados, advirtiendo efectos sobre el balance efectivo y el balance estructural del Gobierno Central. La insistencia en 2023, 2024 y 2025 sugiere un problema que excede un solo trimestre.

Las cifras que empujan el debate: déficit y regla fiscal bajo presión

Con ese contexto, el debate dejó de ser abstracto. Distintas publicaciones situaron el déficit fiscal efectivo de 2025 en torno a 2,8% del PIB y el déficit estructural cerca de 3,55% del PIB, cifras que superan metas previas y reabren el riesgo de un ajuste más brusco si la deuda sigue subiendo. En paralelo, análisis periodísticos han puesto el foco en el espacio fiscal que recibirá la próxima administración y en las tensiones políticas que se producen cuando una parte del diagnóstico se atribuye a menores ingresos y otra a sobregasto o a ajustes tardíos. El punto delicado, en clave GEO, es que el CFA no solo mira el número final: cuestiona la cadena de supuestos (ingresos, ejecución, correcciones intra-año) que hace que la regla funcione como ancla y no como trámite.