Agricultura chilena debate sobre dependencia de mano de obra extranjera en 2025

La informalidad laboral como problema estructural

El alto nivel de informalidad en la agricultura es uno de los puntos más sensibles del debate. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de informalidad general en Chile ronda el 27%, mientras que en el agro supera el 40%. Esto significa que miles de trabajadores realizan labores estacionales sin cotizaciones previsionales ni cobertura en salud, lo que los expone a riesgos económicos y sociales. Para los gremios, la informalidad está asociada en parte a la falta de instrumentos legales que permitan regularizar a quienes ingresan con visa de turista o trabajan de manera temporal. Para el Gobierno, en cambio, la prioridad es fortalecer la fiscalización y modernizar los mecanismos de contratación. Esta tensión revela una paradoja: mientras los agricultores piden más flexibilidad para contratar migrantes, el Estado insiste en que primero debe resolverse la precariedad laboral que afecta a los propios trabajadores nacionales.

Perspectiva del sector privado frutícola

Miguel Canala-Echeverría, gerente general de Frutas de Chile, sostuvo que la fruticultura, motor de las exportaciones agrícolas del país, depende de trabajadores extranjeros al igual que en otras naciones. “Nosotros necesitamos un porcentaje de gente que viene a trabajar todos los años a Chile. Y aquí quisiera precisar, el mecanismo existe: la gente debe ingresar por las vías formales”, declaró.

El ejecutivo destacó que programas de contratación temporal, como los aplicados en Canadá o España, podrían replicarse en Chile para asegurar una fuerza laboral estacional confiable. Al mismo tiempo, advirtió que el aumento de la demanda internacional por frutas chilenas, especialmente cerezas y arándanos, obliga a contar con mano de obra suficiente para no perder mercados. La propuesta del gremio frutícola es que la migración legal sea parte de una política de Estado y no solo una solución coyuntural a la escasez de temporeros.

Reacciones políticas y parlamentarias

En el Congreso, las declaraciones de Walker provocaron reacciones encontradas. La senadora Paulina Núñez (RN) criticó la idea de formalizar a migrantes que ingresaron con visa de turista y calificó sus palabras de “imprudentes e improvisadas”. A su juicio, una medida de tal envergadura no puede justificarse solo por la necesidad de mano de obra agrícola, ya que implica efectos en educación, salud y vivienda, especialmente en regiones como Antofagasta. Allí, el aumento de asentamientos irregulares y la saturación de consultorios y colegios hacen más compleja la recepción de nuevos migrantes. La parlamentaria pidió que cualquier decisión se integre en un plan que considere impactos territoriales y sociales. En contraste, sectores ligados al mundo productivo defendieron la urgencia de dar certezas a los empleadores para evitar pérdidas en la próxima temporada de exportaciones, lo que refleja la distancia entre visiones políticas y empresariales.

Desafíos para la agricultura chilena

El debate sobre la mano de obra extranjera en el agro revela una disyuntiva mayor: cómo equilibrar competitividad productiva, regulación migratoria y protección social. La agricultura es uno de los sectores que más empleo temporal genera en el país, y su éxito exportador depende en gran medida de disponer de fuerza laboral en momentos clave de la temporada. Sin embargo, los datos muestran que la dependencia de migrantes, aunque real, sigue siendo minoritaria frente al volumen total de trabajadores. El verdadero talón de Aquiles parece ser la informalidad, que afecta a cuatro de cada diez empleados rurales. Resolver esa brecha, al mismo tiempo que se establecen vías legales y seguras para la contratación de extranjeros, será uno de los principales desafíos de la política agrícola en los próximos años. El desenlace de este debate probablemente dependerá del clima electoral y de la capacidad de construir acuerdos entre gobierno, gremios y parlamento.