440 mil empleos: el catastro confirma el peso de las ferias libres en Chile

Dónde están y cómo operan

En 2025 se cuentan 1.455 ferias en todo Chile (1.114 en 2016), y los puestos pasan de 113.112 a 163.165. El crecimiento de 31% en la década viene con un reequilibrio territorial: la Región Metropolitana baja de 41% a 35,7–36% del total, mientras regiones como La Araucanía y Los Lagos ganan participación. El promedio de puestos por feria crece de 102 a 111, lo que sugiere mejoras en escala y oferta. Las ferias siguen siendo nodos de abastecimiento cotidiano, con predominio de productos alimentarios —especialmente frescos— y con fuerte arraigo barrial. Para los municipios, la información georreferenciada y de rubros ayuda a ordenar permisos, cierres de calle y limpieza; para el Estado, perfila tendencias en empleo, informalidad y comercio de proximidad que dialogan con políticas de seguridad alimentaria y economía local.

Precios, abastecimiento y medios de pago

Aunque no es un estudio de precios al consumidor, el catastro refuerza el papel de las ferias como canal de alimentos frescos y de cercanía, relevante para el bolsillo familiar. En medios de pago, el efectivo continúa liderando, pero retrocede frente a transferencias y tarjetas. En 2025, 40% de las transacciones declaradas se hace por medios digitales, un salto notorio respecto de 2016. Este cambio ayuda a ordenar la caja de los puestos y reduce el manejo de efectivo, con efectos colaterales en seguridad. La adopción de pagos digitales también facilita incluir a clientela joven y promover instrumentos de formalización. La mayoría de feriantes opera con capital propio, lo que sugiere barreras para acceder a crédito y limita la expansión; aun así, crece la inversión en prácticas de sustentabilidad como reciclaje, compostaje, energías renovables y donación de excedentes alimentarios.

Voces del sector y agenda pública

La presentación reunió a autoridades y gremios. “Han crecido muy significativamente en diez años”, dijo el biministro Álvaro García al explicar el alza de ferias y trabajadores. Desde Sercotec, María José Becerra remarcó que “hoy están mejor distribuidas” y que los pagos digitales contribuyen a seguridad. Para Paola Morales (ASOF), “somos la industria más grande: 440.000 empleos” y el catastro sirve de guía para impulsar políticas focalizadas. Carla Muñoz (Coordinadora Nacional) subrayó la economía accesible de las ferias y respaldó un proyecto de marco jurídico regulador en discusión. Arnaldo Romero (Fetracom) pidió condiciones de trabajo “decente” y más capacitación. El consenso: la evidencia del estudio ordena prioridades —financiamiento, gobernanza, digitalización— y legitima mesas de trabajo con municipios y carteras sectoriales para convertir tendencias en programas y presupuestos.

Desafíos: infraestructura, seguridad y “coleros”

Persisten brechas en infraestructura básica (electricidad, agua, baños, manejo de residuos), que inciden en calidad de servicio, inocuidad alimentaria y convivencia con el barrio. La sensación de inseguridad y la presencia de puestos no autorizados tensionan el ecosistema: el catastro estima cerca de 130.000 “coleros” en el país, con una relación próxima de uno a uno respecto de los puestos autorizados. Junto con ordenar el perímetro y fiscalizar, los gremios piden vías de inclusión gradual y programas de transición hacia la formalidad. La expansión de pagos digitales y la entrega de datos georreferenciados pueden ayudar a segmentar apoyo municipal y a priorizar ferias con más impacto social. En paralelo, iniciativas de sustentabilidad ganan terreno —reciclaje, compostaje, energías—, aunque requieren equipamiento y capacitación sostenida para consolidarse.

Próximos pasos

El valor del catastro está en su uso: orientar programas y normativas con metas verificables. A corto plazo, Economía y Sercotec apuntan a consolidar el mapa nacional de ferias, promover medios de pago y fortalecer liderazgo femenino en organizaciones. A nivel municipal, se abren ventanas para planes de inversión en infraestructura sanitaria y eléctrica, gestión de residuos y ordenamiento del espacio público, con indicadores de cumplimiento. Para el Congreso, la evidencia puede nutrir el marco jurídico del sector. Y para la academia, la base de datos permite investigar productividad, trazabilidad y nutrición. En 2026, una ruta razonable es fijar un tablero de seguimiento —empleo, formalización, digitalización e infraestructura— que habilite la siguiente actualización metodológica del catastro y evalúe impacto de las políticas locales y nacionales.